En la tarde de ayer se conoció que la Comisión Directiva de la Asociación de Protección al Paralítico Cerebral (APPACE) no innovará el carácter de despido de 14 trabajadores de la institución alegando “justa causa”, por haber incurrido en la falta al vínculo laboral al no presentarse a trabajar en la fecha establecida.

El hecho en cuestión se refiere a que los despedidos debían presentarse a sus lugares de trabajo el  1 de febrero y alegando un recorte de vacaciones por la entidad se reincorporaron una semana después lo que motivó a la decisión de suspenderlos definitivamente de sus labores.
Los despedidos, agremiados al Sindicato Argentino de Docentes Privados (SADOP Jujuy), argumentaron ayer que la Comisión Directiva se extralimitó en la decisión e indicaron que ya iniciaron trámites para que la Dirección Provincial del Trabajo arbitre en la cuestión en conjunto a lo que solicitó también la titular del gremio SADOP, Gabriela Baigorri, quien no desestimó una conciliación obligatoria para reincorporar a los trabajadores, en su mayoría docentes.
Según datos recogidos por La Voz de Jujuy, la falta a los lugares de trabajo la habrían efectuado porque desde el gremio indicaron que el período vacacional por determinada antigüedad obligaba a una extensión, que en algunos casos concretos superaba el mes  completo.  Sin embargo, en la fecha acordada que debían retornar a sus labores no se presentaron, dejando sin la atención que merecen los niños especiales que fueron desatendidos a raíz de un conflicto de grandes.
Al respecto, la presidenta de APPACE, Beatriz Jorge, señaló que “la modalidad de vacaciones fue otorgada con idénticas condiciones a la totalidad del personal subvencionado por APPACE y estas personas no dieron aviso previo y decidieron no concurrir a trabajar cuando el período de vacaciones fueron desde fines de diciembre hasta el 31 de enero por lo que nunca se disminuyeron o quitaron los días”.
Mediante un documento escrito, la Comisión Directiva manifestó -entre los puntos determinantes- que  “los trabajadores estuvieron mal aconsejados, ya que no les interesó violar sus obligaciones legales, y las consecuencias que acarrearon en los pacientes y la dinámica institucional”.
En cuanto a un acercamiento entre las partes involucradas, Jorge admitió que “por el tenor de las notas enviadas por el gremio de manera amenazante queremos apartarnos de esa actitud” y añadió que “si la Dirección de Trabajo convoca a APPACE concurriremos y expondremos la situación y que se hará hincapié en que la medida agresiva no fue por parte de la patronal sino de los trabajadores, quienes luego de haber consentido el período de vacaciones acordado se ausentaron sin aviso”.
Sobre los despidos del personal con una antigüedad entre 20 y 25 años en algunos casos, la institución admitió su lamento y dolor por la decisión aunque admitieron justa causa.
Las subvenciones que recibe APPACE fueron puestas en tela de juicio por la secretaria gremial de SADOP, Gabriela Baigorri, al cuestionar que "como entidad privada para tomar una medida de esta envergadura hay que tener mucho respaldo económico" e insinuó que "esto nos demuestra el poder económico y el poder que sabe que tiene ante la sociedad sus dueños. Esto es lo que más golpea a los trabajadores. Por eso han empezado a recortar derechos".
Sobre las expresiones vertidas, la Comisión Directiva puntualizó que “en cuanto al poderío económico y social que sugiere SADOP de la institución apunta a que la sociedad distinga una victimario pobre a un victimario rico cuando se trata de pacientes discapacitados con necesidades de tratamiento de rehabilitación, contención y de alimentación que fueron desatendidos intempestivamente, por los despedidos; lo que fueron perdidos de vista por el gremio y sus afiliados”.