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Un grupo de senadores nacionales se entrevistó con el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo Lorenzetti, para entregarle un recurso de amicus curiae (amigo del tribunal) que les permita participar en las causas que varias provincias mantienen ante ese tribunal contra la Nación, en reclamos de fondos por la coparticipación federal de impuestos.
El escrito contaba con la firma de 27 legisladores, encabezados por el radicalismo y el peronismo disidente. "La idea es formar parte de la causa y ofrecer pruebas sobre la situación que viven las provincias", afirmó la senadora peronista disidente Sonia Escudero, de Salta. La presentación fue fogoneada por el jefe del bloque radical, el jujeño Gerardo Morales, quien encabezó la comitiva que se entrevistó con Lorenzetti en sintonía con el peronista disidente Adolfo Rodríguez Saá, quien cuando era gobernador de San Luis presentó una causa en la Corte contra la Nación en reclamo del cumplimiento de la ley de coparticipación federal. En la Corte Suprema, interpretan como relevante que el Senado comience a prestarle atención al tema, que llegó al alto tribunal hace un año. Pero los jueces señalan con cierto disgusto que no desean quedar involucrados en una jugada política de la oposición. Gerardo Morales se comunicó con Lorenzetti para avisarle de sus planes. Aunque en la Corte están preocupados porque temen que la jugada de los senadores pueda ser interpretada como un involucramiento de la Corte con la oposición. "En un momento en que el Gobierno nos ve como enemigos, lo único que nos falta es que la oposición política nos ponga de su lado", dijo uno de los jueces. Durante este año, San Luis, Catamarca, Córdoba, Corrientes, Santa Fe y La Pampa promovieron más de quince causas en la instancia originaria del alto tribunal, con reclamos muy diversos, pero que rozan, en todos los casos, problemas vinculados con la ley de coparticipación. "Si quieren presentarse como amigos del tribunal, que lo hagan. Pero la Corte, por ahora, no tiene previsto dictar alguna una medida cautelar", dijo una fuente de la Corte. En realidad, sí iba a dictar una medida cautelar, en la causa promovida por Córdoba, pero luego de la audiencia de octubre y de un acuerdo entre la provincia y la Nación, Córdoba pidió a la Corte la suspensión del juicio. "La mayoría de los reclamos provinciales no apuntan a que la Corte ordene al Estado nacional el pago de sumas atrasadas, sino a que declare la inconstitucionalidad de distintos artículos de la ley de coparticipación. Son juicios muy largos", dijeron en el alto tribunal.
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