La directora del área de Trabajo Internacional del CELS, Gabriela Kletzel, afirmó que “la Corte tenía una jurisprudencia muy positiva y de vanguardia en la región”.

La directora del área de Trabajo Internacional del CELS, Gabriela Kletzel, afirmó que el fallo del último martes en el que la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino “implica una regresión en la jurisprudencia con la CIDH”.

“Esto implica una regresión en la jurisprudencia de la Corte Suprema en relación con el valor jurídica de la Corte Interamericana. La Corte tenía una jurisprudencia muy positiva y de vanguardia en la región”, analizó Kletzel en diálogo con A los botes (FutuRock FM) y agregó: “La Corte se ocupa de dejar en claro que siguen siendo vinculantes los fallos de la Corte Interamericana, el tema es que establece un marco de discrecionalidad muy grande para su propia decisión. Ahora la Corte va a poder decidir qué medidas de reparación va a considerar vinculantes”.

En ese sentido, la mujer del CELS dijo que desde la organización ven “como muy preocupante” estas actitud de la Corte porque “Argentina estaba en una situación de vanguardia en el resguardo de aquellas personas que no habían tenido una respuesta local y recurrían a un tribunal internacional”, y consideró que “ahora hay un relajamiento, y todo queda al arbitrio de la decisión de la Corte argentina”.

Además, en relación a la detención de la líder Túpac Amaru, Milagro Sala, Kletzel aseguró: “Si la CIDH dicta una medida sobre Milagro Sala, habrá que ver cómo reaccionan los poderes judiciales nacionales y locales. No hay ninguna duda sobre que una medida cautelar de la CIDH debe acatarse, salvo que la Argentina quiera estar afuera de la comunidad internacional”.

El último martes, la Corte Suprema de Justicia de la Nación resolvió que la CIDH no puede revocar sentencias del máximo tribunal argentino y advirtió que si se admitiera que tiene esa facultad, se convertiría en una “cuarta instancia” revisora de los fallos de los tribunales nacionales.

La decisión fue tomada en el acuerdo celebrado ese día, con los votos del presidente Ricardo Lorenzetti y los ministros Elena Highton, Carlos Rozenkrantz y Horacio Rosatti (este con sus propios fundamentos) y la disidencia de Juan Carlos Maqueda.

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