El Bloque Justicialista de la Legislatura jujeña no acompañó esta la ratificación del decreto emitido por el Ejecutivo para la aprobación del proceso de licitación pública para la compra de 600 cámaras de seguridad por un monto cercano a los 30 millones de dólares.

Los diputados opositores argumentaron su rechazo al proyecto del gobierno por no ser competencia del Poder Legislativo tratar estos temas. “No vamos a avalar una licitación pública que no conocemos y menos aún vamos a convalidar un proceso de adjudicación viciado de ilegalidad”, refutó el jefe de la bancada justicialista, Javier Hinojo, ante las fundamentaciones dadas por el oficialismo.

“No es competencia de la Legislatura”, repitió una y otra vez a su turno el legislador Juan Cardozo Traillou, también perteneciente al Bloque Justicialista. En su argumentación brindó detalles de números, montos a invertir y equipamiento a comprar, dejando en evidencia que el precio de cada cámara que deberá proveer la empresa china ZTE Corporation – Sucursal Argentina, es muy superior a los precios del mercado local.

También fustigó al actual gobierno por no cumplir una de sus principales promesas de campaña, aludiendo que antes de hacerse cargo del gobierno se comprometió ante los jujeños a instalar 1000 cámaras de seguridad. “Hasta ahora, transcurridos ya más de un año y dos meses, es decir alrededor de 425 días, las actuales autoridades de la provincia no instalaron ni siquiera una sola cámara, incumpliendo con su compromiso.

Asimismo, Cardozo Traillou dejó entrever que el monto de inversión es elevado y que los 24.700.000 dólares se aproximan a los 30 millones de la moneda estadounidense si se suma el IVA. A todo esto, explicó que según el decreto cada cámara le costaría al Estado jujeño 50 mil dólares, es decir 790 mil pesos si se realiza la convertibilidad a nuestra moneda.

“No vamos a ser cómplices de esta pseudolicitación, porque en definitiva los procesos de esa naturaleza son exclusiva facultad del Ejecutivo y no del Legislativo, mientras que el control del destino de los recursos está a cargo del organismo de contralor establecido por Ley. “Nos quieren hacer cómplices y nosotros no vamos a avalar todo esto”, enfatizó Alejandra Cejas, diputada justicialista y titular de la Comisión de Economía.

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